La Fiscalía General de la República (FGR) y las 32 Fiscalías estatales del País acordaron esta tarde impulsar "esquemas estratégicos" de colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPC).
La iniciativa forma parte de uno de los acuerdos tomados este viernes durante la LI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), presidida por Fiscal General Alejandro Gertz Manero y con la presencia del titular de la SSPC, Omar García Harfuch.
La reunión en la que los fiscales hicieron el compromiso fue celebrada en el Parque Nacional de la Justicia, sede de la FGR, luego que la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma que amplió las facultades de investigación de la SSPC, bajo la conducción y el mando del Ministerio Público.
"En la reunión estuvo presente Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien recalcó la importancia de continuar con la comunicación, coordinación y cooperación entre instituciones, lo que ha sido un eje fundamental del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum", informó la FGR.
"Destacó que la relación con la FGR y con las fiscalías estatales se ha ido fortaleciendo cada vez más en este corto período, pues se han tenido resultados contundentes que fortalecen a las instituciones de seguridad".
De acuerdo con la FGR, las Fiscalías y la SSPC acordaron, entre otros puntos, continuar con el trabajo coordinado, al que esta vez se sumarán las fiscalías y procuradurías de estados que no lo venían haciendo.
"Se seguirá en la ruta de impulso a los 'esquemas estratégicos de colaboración para objetivos comunes', en materia de seguridad", indicó la Fiscalía.
Con la reforma avalada, la SSPC también asumirá la conducción del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública.
Además, contempla que la secretaría de García Harfuch coordine las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, y solicite información a las instituciones y dependencias del Estado mexicano para identificar y esclarecer hechos delictivos.
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