Aguascalientes, AGS; La senadora Nora Ruvalcaba encabezó este miércoles una conferencia de prensa en la sede de Morena Aguascalientes para alertar sobre un esquema de fraude y despojo patrimonial que ha afectado principalmente a mujeres en colonias populares y comunidades rurales del estado. Según expuso, dos empresas identificadas como “Consejo de Asistencia al Microemprendedor S.A. de C.V.”, “Consejo de Apoyo al Microemprendedor” y “A Bordo Soluciones Efectivas S.A. de C.V.” estarían operando bajo un modelo de préstamos irregulares con altos niveles de riesgo y consecuencias legales graves para las víctimas.
El modus operandi, explicó la legisladora, consiste en captar a mujeres en situación de necesidad económica –frecuentemente madres de familia a la salida de escuelas o en puntos comunitarios– mediante promotores que ofrecen créditos con aparentes facilidades como bajo interés, sin aval ni revisión de buró de crédito. Una vez interesadas, se les pide organizar reuniones en sus hogares con más mujeres, a quienes se les hace firmar pagarés en blanco o sin detallar claramente los montos.
En realidad, estos documentos comprometen a cada firmante por la totalidad del monto prestado al grupo –que puede ir de los 5 mil hasta los 20 mil pesos por persona–, y al estar suscritos por varias mujeres, generan obligaciones solidarias. Esto significa que, si alguna de las firmantes no puede pagar, las demás quedan legalmente obligadas a cubrir la deuda completa. Además, el registro de pagos no se realiza sobre los pagarés originales, sino en listas informales controladas por las mismas promotoras o vecinas, lo que impide comprobar abonos ante una autoridad judicial.
Las empresas, indicó Ruvalcaba, endosan los pagarés a terceros y recurren a juicios ejecutivos mercantiles. Debido a que los documentos carecen de registros de pago visibles y tienen firmas válidas, los jueces suelen autorizar embargos sin mayor revisión. Como consecuencia, muchas mujeres han sido despojadas de bienes como herramientas de trabajo, electrodomésticos, terrenos, automóviles e incluso muebles de sus viviendas.
El daño económico puede escalar de forma desproporcionada. Una de las mujeres afectadas denunció que, por un préstamo original de 12 mil pesos, se le llegó a exigir el pago de hasta 200 mil pesos mediante este tipo de procedimientos judiciales.
Según los registros presentados por Morena, al menos 150 familias han sido afectadas por este esquema en los últimos años. Algunas víctimas, incluso tras haber sido embargadas, se han visto forzadas a endeudarse de nuevo para pagar deudas adquiridas bajo estas condiciones, lo que ha provocado cuadros de ansiedad, depresión y estrés crónico entre las afectadas.
Ante esta situación, la senadora anunció que Morena interpondrá denuncias formales ante la Unidad de Inteligencia Financiera y otras instancias competentes, además de iniciar procedimientos extrajudiciales para buscar la recuperación del patrimonio de mujeres ya afectadas. También se ofrecerá asesoría legal gratuita a quienes se encuentren actualmente enfrentando embargos o juicios derivados de estos créditos.
Asimismo, Ruvalcaba hizo un llamado al Poder Judicial para que se juzgue con perspectiva de género en los casos mercantiles que involucren a mujeres, recordando que existen leyes y convenios internacionales que protegen su derecho a una vida libre de violencia económica y patrimonial.
