Aguascalientes, AGS; La crisis de inseguridad en el Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes ha escalado a un punto crítico. Comerciantes y locatarios denuncian extorsiones sistemáticas, amenazas y cobros ilegales por parte de presuntos grupos del crimen organizado, lo que los tiene con miedo, desconfianza y parálisis en el principal centro de abasto de la región. Ante esta situación, algunos negocios decidieron cerrar este martes de forma preventiva, mientras que se analiza la posibilidad de un paro generalizado si no se garantiza la seguridad del complejo.
Las cuotas exigidas por los grupos delictivos -bajo el argumento de brindar “protección”- oscilan entre los 5 mil y los 22 mil pesos mensuales por local, dependiendo del tamaño del negocio, según testimonios recabados por Morena en encuentros con más de 35 locatarios afectados. A estas prácticas se suman intentos de obligar a los comerciantes a adquirir mercancía a sobreprecio y presuntas amenazas de represalias si no acceden a los pagos.
El dirigente estatal de Morena, Gilberto Gutiérrez, denunció públicamente que, pese a las evidencias, la respuesta de las autoridades ha sido mínima o inexistente. Afirmó que la Fiscalía solo ha reconocido una denuncia anónima en fechas recientes, mientras que ya existen al menos diez casos plenamente documentados por su partido desde diciembre de 2024. Aseguró que el Agropecuario enfrenta una situación de abandono institucional, donde las omisiones gubernamentales se han convertido en parte del problema.
De acuerdo con Morena, los delitos incluyen además la venta de drogas al interior del complejo, el uso de bodegas para almacenamiento ilícito y ejecuciones ocurridas dentro de sus instalaciones. A pesar de algunos operativos recientes, los locatarios sostienen que las detenciones realizadas no corresponden a los verdaderos responsables del cobro de piso y reclaman la permanencia de fuerzas federales, incluida la Guardia Nacional y el Ejército, como medida disuasoria urgente.
Gutiérrez Lara anticipó que Morena construye con comerciantes una estrategia legal colectiva para presentar denuncias de forma segura, con respaldo jurídico y protección mediática. Además, no se descarta una acción de resistencia civil pacífica, como el cierre temporal del centro comercial, para visibilizar el problema y forzar la intervención de autoridades federales.
