Aguascalientes, AGS; La presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Erika Muñoz Vidrio, advirtió que la reciente entrada en vigor de la llamada “Ley Silla” no podrá aplicarse de forma homogénea en todos los sectores productivos del estado, particularmente en el ámbito agrícola, donde -según dijo- su implementación resulta inviable por la naturaleza del trabajo.
La reforma, que establece la obligación de garantizar a las y los trabajadores acceso a una silla con respaldo para permitirles periodos de descanso durante la jornada, ha sido promovida como una medida para dignificar las condiciones laborales, especialmente en actividades que exigen permanecer largas horas de pie. Sin embargo, representantes empresariales locales advierten que no se tomaron en cuenta las particularidades operativas de cada industria.
“Todo debe ir encaminado a mejorar las condiciones de nuestros colaboradores, eso lo compartimos. Pero también debe hacerse con sentido común. No se puede aplicar de manera general”, señaló Muñoz Vidrio, quien también cuestionó la falta de diálogo con el sector antes de implementar la medida.
La dirigente empresarial subrayó que la aplicación de la norma implica costos que no fueron contemplados por muchas empresas, ya que el tipo de silla que exige la ley no es una herramienta menor en términos logísticos ni presupuestales. Además, expresó preocupación por la forma en que se están llevando a cabo las inspecciones laborales, en algunos casos -según dijo- acompañadas directamente de multas, sin que exista previamente un acercamiento para revisar las condiciones específicas del centro de trabajo.
“El espíritu de la ley es válido, pero su ejecución debe ser revisada. La realidad en un centro comercial, una fábrica y un campo agrícola no es la misma”, puntualizó.
Finalmente, Canacintra hizo un llamado a las autoridades laborales para abrir espacios de revisión técnica y establecer criterios diferenciados que permitan adaptar la aplicación de la ley a cada sector productivo, evitando con ello afectaciones a la operación de las empresas, al empleo y a la productividad estatal.
