Aguascalientes, AGS; El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes denunció que durante los recientes operativos de seguridad implementados en el Centro Comercial Agropecuario se han recibido reportes de revisiones a transeúntes realizadas por elementos de la policía y del ejército, sin seguir los protocolos establecidos y basándose únicamente en la apariencia física de las personas.
De acuerdo con el organismo, estas acciones constituyen actos de discriminación y violaciones a los derechos humanos, pues se realizan sin una causa justificada ni una orden judicial, lo cual las convierte en ilegales. Ante esta situación, el Observatorio compartió una serie de recomendaciones legales para que la ciudadanía conozca y ejerza sus derechos en este tipo de intervenciones.
Entre los puntos destacados, se recuerda que ninguna persona está obligada a responder a un agente de seguridad si no hay una orden judicial o una sospecha fundada y comprobable de un delito. Asimismo, se aclara que no es legal que se revisen las pertenencias sin consentimiento ni que se detenga a alguien solo por su apariencia.
También se enfatiza que las detenciones sin orden judicial únicamente proceden cuando se está cometiendo un delito o durante una persecución inmediata. En caso de ser detenido, las autoridades están obligadas a trasladar al detenido directamente ante el Ministerio Público sin desvíos o dilaciones, y posteriormente presentarlo ante un juez o jueza de control. De no cumplirse estos pasos, la persona debe ser puesta en libertad.
El Observatorio agregó que las revisiones y detenciones a mujeres o personas de la diversidad sexogenérica no pueden ser realizadas por policías varones, y que en todo momento se tiene derecho a registrar lo que ocurre, solicitar acompañamiento y presentar una denuncia o queja ante la Fiscalía o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en caso de haber sufrido una agresión o violación a los derechos humanos.
Finalmente, el organismo llamó a la ciudadanía a estar informada, documentar cualquier irregularidad y no normalizar las prácticas discriminatorias bajo el argumento de operativos de seguridad.
