Aguascalientes, AGS; En la segunda sesión del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de ejercicio de la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado, las diputaciones que la integran aprobaron el Dictamen para Profesionalizar el Deporte.
Dicho dictamen reformula el concepto de deporte para reconocerlo como una actividad humana integral orientada al bienestar. Asimismo, se establece la obligatoriedad de una acreditación oficial para todas aquellas personas que impartan cualquier disciplina deportiva de manera remunerada, a fin de que los usuarios cuenten con garantías de que quienes las imparten, tienen conocimientos, capacidades y habilidades certificadas, además del sentido profesional y ético que la actividad requiere.
En este marco de responsabilidades y obligaciones para los instructores de cultura física y deporte, la iniciativa también contempla ampliar las garantías, específicamente para los deportistas de alto rendimiento y a sus respectivos entrenadores, a fin de que puedan contar con seguros médicos y de vida, brindándoles certeza jurídica y, sobre todo, tranquilidad para que desarrollen sus actividades con mayor confianza.
Al respecto, Rodrigo Mireles, presidente de la Comisión de Recreación y Deporte, señaló que la aprobación de este dictamen permitirá fortalecer la calidad y el profesionalismo con que se imparten las actividades deportivas y de cultura física en Aguascalientes.
De igual forma, destacó que la iniciativa reconoce la importante labor de maestras, maestros e instructores de las distintas disciplinas, y promueve la formación profesional de quienes imparten educación física, cultura física y deporte en planteles educativos públicos y privados.
Durante dicha sesión, también fue presentada la iniciativa para reformar la fracción IX del artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dicha reforma incorpora de manera expresa el uso de inteligencia artificial y la manipulación digital de imágenes como medios para la comisión de violencia digital, lo que permitirá reconocer que dichas agresiones no consentidas, no queden impunes o que las autoridades carezcan de herramientas claras para identificarlas.
