El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó hoy solicitar un presupuesto de 75 mil 142 millones de pesos para 2025, el último año en el que existirá este órgano de administración y disciplina de los más de 860 tribunales y juzgados federales, creado en 1995.
Se trata de un aumento de 4.9 por ciento en términos reales, y 9 por ciento en términos nominales, que difícilmente será aceptado por la Cámara de Diputados.
El año pasado, la mayoría de Morena y sus aliados recortaron casi 6 mil millones de pesos a la solicitud del CJF, el 7.9 por ciento, y es previsible que harán lo mismo para 2025, cuando está prevista una elección judicial que el INE ha presupuestado en mas de 13 mil millones de pesos.
"Para el 2025, se destinarán ocho de cada diez pesos solicitados para el rubro de servicios personales, pues el capital humano es el factor clave de la impartición de justicia, y por ello, del total de 50 mil 081 plazas vigentes, casi nueve de diez (87 por ciento) corresponden a personas servidoras públicas, que se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional", explicó el CJF.
En su comunicado, el CJF dio a entender que mantendrá los salarios del personal, sin especificar si esto incluirá a jueces, magistrados y altos mandos administrativos, quienes luego de la reforma judicial, en teoría ya no podrán ganar más que la Presidenta de la República, cuyo ingreso para 2025 será de unos dos millones de pesos netos anuales.
"Se consideró que existen diversas suspensiones derivadas de los juicios de amparo promovidos en contra de la reforma Constitucional que, entre otras acciones, ordenan al Consejo abstenerse de realizar ajustes presupuestarios que impacten negativamente en las remuneraciones de las personas servidoras públicas, estableciendo que deberán mantenerse conforme a los montos actuales", afirmó el CJF.
Esta pretensión de mantener los salarios también podría provocar choques con los diputados, dado que las suspensiones han sido concedidas por los propios jueces a los que la Constitución ordena reducir las percepciones.
La reforma ordena la desaparición del CJF, que a partir de septiembre será reemplazado por un Tribunal de Disciplina Judicial, con cinco magistrados electos por voto popular, y por un órgano de administración que aún no tiene nombre, a los cuales deberá transferir todos sus recursos materiales, humanos y financieros.
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