El desacato del Gobierno Federal a sentencias judiciales para abastecer de medicamentos a grupos vulnerables ha ocasionado la muerte de niños con cáncer, afirmó el magistrado de circuito Fernando Silva López.
El integrante del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México dijo que los ciudadanos que votaron por Claudia Sheinbaum no pueden estar de acuerdo con ese incumplimiento a las resoluciones jurisdiccionales.
"Los jueces del Poder Judicial Federal cada semana otorgamos amparos a niñas y niños con cáncer frente al desabasto arbitrario de medicamentos en hospitales públicos. Los desacatos del gobierno a nuestras sentencias de amparo han generado la muerte de niñas con cáncer, estoy seguro que los 36 millones de votantes no están de acuerdo con estos desacatos", dijo durante la conferencia matutina de los juzgadores del lunes 11 de noviembre.
El magistrado expuso ocho ejemplos en los que los desacatos del gobierno a los mandamientos judiciales ocasionaron un daño a la sociedad con el que ningún elector que votó por el partido en el poder puede estar de acuerdo.
El caso de los niños con cáncer es uno de ellos, al igual que los desacatos a los amparos concedidos a las madres buscadoras, cuyos hijos desaparecidos fueron borrados de las listas de personas a quienes se les perdió el rastro.
Con base en estos ejemplos, planteó que es falso que el PJF actúe en contra del pueblo; que la democracia sea exclusivamente una regla de las mayorías; y que el triunfo de Sheinbaum autorice al gobierno a incumplir sentencias, leyes, tratados, constitución y el Estado de derecho.
Indicó que la democracia constitucional es también pluralismo --hoy ausente--, división de poderes --hoy en destrucción--, Estado de derecho y participación ciudadana --nulos actualmente-- y, sobre todo, la tutela efectiva de los derechos humanos frente a las mayorías políticas coyunturales.
"Debemos tener claro que la democracia no es solamente regla de las mayorías, en una democracia constitucional los derechos humanos, en su contenido esencial, son indisponibles para las súper mayorías. Me explico: el gobierno, con el aparente aval de 36 millones de votos, no tiene facultades para dejar morir a una sola niña con cáncer por falta de medicinas, protegida a través de una sola sentencia de amparo", dijo Silva.
"El gobierno, con el aparente aval de 36 millones de votos, no tiene facultades para eliminar el derecho a la verdad y a la vida digna de una sola madre buscadora por la desaparición forzada de su hijo. En este sentido, el Ejecutivo parece tener una idea incompleta y falsa de la democracia, porque bajo su lógica si mil vecinos quieren linchar a una sola persona prevalece la voluntad mayoritaria. Esto es falso, el derecho a la vida de esa única persona prevalece sobre la voluntad de los mil vecinos transgresores, dentro de una democracia constitucional.
"La Presidencia, el Ejecutivo, nace de la Constitución y se encuentra sujeta al estado de derecho en donde no tiene cabida la ley de la selva, urge que los asesores del Ejecutivo corrijan a la Presidenta en ésto que todos creíamos que era tan elemental".
El magistrado señaló que entre los desacatos del gobierno, están los amparos a familiares de inocentes asesinados por militares y las sentencias de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana, en el Caso Alvarado-Espinoza, que ordenan desmilitarizar la seguridad pública.
También, los amparos de adultos mayores que reclaman el pago de su pensión del Bienestar.
"Parece mentira, pero están empezando ya a llegar demandas de amparo de personas a las que no les llega el pago de la pensión del Bienestar. Esperemos que el gobierno sí cumpla con estas suspensiones", dijo.
Destacó el caso de los amparos a periodistas denostados durante las "mañaneras", por cuestionar al gobierno, sin embargo, y el desacato a la sentencia de la Corte sobre la llamada "Ley Chayote", "que propicia el control gubernamental de la prensa, como sucede en los estados totalitarios".
También refirió los incumplimientos de amparos para suministrar agua en forma permanente en Iztapalapa; las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Tzompaxtle y García Rodríguez, que obligan al Estado mexicano a cancelar la prisión preventiva oficiosa; y la aprobación de la reforma judicial misma, en contra de suspensiones de amparo y de jurisprudencias internacionales obligatorias.
"La Constitución es un instrumento de racionalización y de equilibrio del poder, en modo alguno la Constitución debe ser deformada como un instrumento de concentración del poder. El triunfo electoral no autoriza al poder político hegemónico a constitucionalizar el autoritarismo", concluyó.
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