La Cámara de Diputados aprobó la propuesta de reestructura de la Administración Pública Federal (APF) de la Presidenta Claudia Sheinbaum que eleva de 19 a 22 el número Secretarías de Estado.
La reforma que modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal plantea que la Secretaría de la Función Pública se convierta en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que tomará las funciones de vigilancia y acceso a la información pública que actualmente hace el INAI y que la mayoría prevé desaparecer en otra reforma constitucional.
Además, ordena la creación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, de la Secretaría de las Mujeres y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que concentrará funciones en materia de telégrafos, identidad digital de los ciudadanos y políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno federal.
Tras aprobar dos reservas presentadas por Morena para agregar a las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana "dirigir la política de prevención social de las violencias" y establecer que los recursos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) pasen a la nueva Secretaría de las Mujeres, la reforma fue avalada y turnada al Senado.
Durante la discusión, la mayoría y la Oposición coincidieron en la necesidad de crear las Secretarías de las Mujeres y de Ciencia, Humanidades, tecnología e Innovación; no obstante, las bancadas de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron sobre los riesgos que implica concentrar funciones que hoy se encuentran desconcentradas o que están a cargo de organismos autónomos, como el INAI.
El emecista Miguel Ángel Sánchez consideró que la reforma representa una oportunidad para fortalecer algunos aspectos de la Administración Pública, pero también plantea preocupaciones, porque algunas medidas podrían debilitar las instituciones en lugar de fortalecerlas.
Dijo que un área crítica es la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ya que las modificaciones plantean que asuma las funciones de transparencia y acceso a la información de la Administración Pública Federal que actualmente tiene el INAI, con lo que ésta se convertiría en juez y parte.
"Esto, sin duda, aumenta el riesgo de opacidad y, eventualmente, de corrupción () No podemos concentrar en el Gobierno una función que debería de ejercerse sin conflicto de intereses", dijo.
El legislador agregó que las modificaciones contemplan también la creación de una base nacional de información en salid, que obligaría a servicios públicos y privados a reportar información nominal de los pacientes, lo que es especialmente delicado, ya que la información en salud es privada y personas y su manejo requiere de los protocolos más estrictos de confidencialidad.
El priista Andrés Mauricio Cantú indicó que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la encargada de elaborar y conducir políticas públicas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que convertirá al Ejecutivo federal en autoridad en materia de competencia económica de los sectores radiodifusión y telecomunicaciones.
"Van a ser árbitros, en el mejor de los casos, un árbitro tendencioso y, en el peor, con un manejo centralizado decidirá conforme a sus propios intereses el control político de la radiodifusión y las y telecomunicaciones", señaló.
El panista Fernando Torres Graciano cuestionó, además, la falta de claridad respecto al control que la nueva Agencia tendrá de la información personal de las y los mexicanos.
"Se le permite la implementación del mecanismo único de la Clave Única de Registro de Población, la integración del sistema de identificación personal. Ambas funciones, dice la propuesta, la iniciativa, en coordinación y conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, pero no queda claro quién va a llevar la batuta de esto, quién se hace responsable de un uso indebido de la información personas de las y los mexicanos", planteó.
Torres Graciano dijo que un asunto clave es que la nueva Agencia estará dirigida por José Antonio Merino, quien tiene una trayectoria como consultor político.
"Aunque digan que son diferentes, el uso de información puede ser de carácter político, de carácter electoral o, peor aún, la información personal y privada para poder hacer un uso -que ya lo tienen ustedes bien acreditad- indebido para presionar y extorsionar a actores políticos y tenemos ejemplos en el Senado y la Corte, esa es la preocupación, porque ya lo han hecho y nada nos deja la garantía de que no lo van a volver a hacer", afirmó.
El legislador agregó que otras funciones de la Agencia que le preocupan a su bancada es la interoperabilidad de las plataformas y de los sistemas de información e incluso la creación de su propio software.
"El uso de la información personal de las y los mexicanos lo tenemos que salvaguardar y esta propuesta lo que hacer es un uso discrecional, porque permite también la posibilidad de interoperación de las plataformas y de los sistemas, incluso le da la facultad de fincar su propio software, porque tiene, creo, toda la intención de hacer una propuesta y una plataforma muy a modo del propio Gobierno, de ahí la preocupación", dijo.
En su turno, el morenista Víctor Hugo Lobo defendió la creación de la Agencia de Transformación Digital al recordar que una instancia similar ya funciona en la Ciudad de México y contribuyó a la creación de políticas públicas más eficientes, al brincar en tiempo real elementos para la toma de decisiones.
El legislador dijo que la reforma aporta una visión clara de la vocación que tendrá la actual Administración que al frente tiene a una mujer científica.
Lobo llamó a no escatimarle a la Presidenta su iniciativa, ya que la reorganización de la Administración Pública Federal es una de sus facultades.
"Ahí está la invitación y yo creo que no le debemos ni podemos escatimarle a la doctora esta iniciativa que es su facultad", indicó.
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