La Suprema Corte de Justicia registró el miércoles un empate al tratar de resolver si revisa una de cientos de suspensiones que han bloqueado durante 52 días el proceso para la elección judicial de 2025.
En sesión privada, la Segunda Sala de la Corte discutió un proyecto de la Ministra Yasmín Esquivel, que niega la petición de un tribunal colegiado de Tuxtla Gutiérrez para atraer la queja contra una suspensión provisional que otorgó la Jueza Séptima de Distrito en Chiapas.
Fuentes de la Corte informaron que Esquivel y Lenia Batres están por no atraer, mientras que Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán votarían en sentido contrario, lo que provocó el empate en ausencia del Ministro Javier Láynez.
La Sala tiene múltiples solicitudes similares del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Chiapas, pero la siguiente sesión en la que podrá romper el empate será hasta el 27 de noviembre, pues el 20 es inhábil. Dicha sesión será la última del Ministro Aguilar, que se retira el 30 de noviembre.
La intervención de la Corte es la única forma de fijar un criterio general sobre estos amparos, que en teoría son improcedentes, pero han resultado en decenas de suspensiones contra mandatos de la Constitución para implementar la elección por voto popular de todos los jueces del país.
Reforma publicó que el Instituto Nacional Electoral (NE) planea reactivar el proceso electoral, pese a las suspensiones, y lo detendría solo si recibe una orden directa de la Corte, lo que no sucederá mientras ésta no atraiga algún recurso.
En el caso de la Segunda Sala, la suspensión provisional, concedida por la jueza Jazmín Robles el 30 de septiembre, ordena al INE, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y otras autoridades, abstenerse de aplicar todos los aspectos de la reforma a varios jueces que promovieron el amparo.
El CJF, de hecho, ya ignoró esta suspensión, pues el 9 de octubre aceptó enviar al Senado las listas de jueces y magistrados para sortear los cargos que serán electos en 2025, pese a que Robles y otros jueces le habían prohibido hacerlo.
La mayoría de los tribunales colegiados que han recibido quejas contra suspensiones provisionales, no han pedido la atracción a la Corte, sino que las han resuelto, por lo que hay múltiples suspensiones provisionales ya confirmadas.
Además, existen al menos cuatro suspensiones definitivas dictadas por los jueces. Los recursos de revisión contra estas sentencias también podrían ser atraídos por la Corte.
El INE hizo una consulta sobre el tema el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que el 26 de octubre declaró por mayoría que la elección no se puede detener, pero también admitió que no tiene jurisdicción para revocar suspensiones dictadas en amparos.
El desacato a las suspensiones es un delito federal y llevará a multas contra funcionarios del INE, así como denuncias penales por parte de los jueces, pero estas acciones no tendrán consecuencias si el SAT y la FGR no actúan para concretarlas.
El 1 de noviembre pasado entró en vigor la reforma que prohíbe cualquier demanda contra la Constitución, aplicable a los asuntos en trámite, por lo que todos estos amparos tendrían que ser desechados, pero no hay garantía de que los jueces aceptarán hacerlo.
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