La seguridad que presumía Querétaro se desgajó la noche del 9 de noviembre cuando 10 personas fueron masacradas al interior del bar "Los Cantaritos", ubicado apenas a unas cuadras del centro de la capital estatal.
La colindancia con entidades golpeadas por el narcotráfico, como lo son Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Edomex o Michoacán, finalmente le cobró factura a este estado que no está en los primeros lugares de incidencia delictiva.
De golpe, se destapó que la rivalidad entre el Cártel de Santa Rosa de Lima contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual principalmente se registra en Guanajuato con constantes asesinatos, coches bomba y narcomantas, se trasladó hasta Querétaro.
Como primera respuesta, el Gobernador Mauricio Kuri (PAN) dijo que no iban a permitir esta 'contaminación', y días después se reunió con Omar García Harfuch, titular de Seguridad Pública federal.
"En Querétaro no vamos a permitir contaminarnos de lo que está ocurriendo en otras partes de la República, aquí pueden suceder cosas, pero siempre vamos a responder", aseguró el Mandatario panista en un mensaje grabado y publicado en redes sociales.
Asimismo, comenzó una ola de clausuras de bares, sumando al menos 17, y los Alcaldes de la región decidieron unirse para evitar un caso similar en lugares con tintes clandestinos debido a la omisión de permitirles estar abiertos.
Alberto Capella, ex Secretario de Seguridad de Tijuana, Morelos y Quintana Roo, consideró que lo ocurrido podría convertirse en un punto de inflexión si no se atiende con contundencia.
"Pareciera que hay una ausencia de fortaleza y articulación de los tres órdenes de Gobierno en México y esos espacios de poder y control son los que van tomando estos grupos criminales", consideró.
La entidad, según informes de inteligencia, no sólo podría ser afectada por estos dos cárteles, sino también por integrantes de "La Familia Michoacana"; incluso, apenas fue detenido un integrante de "Los Ardillos", un grupo que en teoría sólo tiene influencia en Guerrero.
Ese pasado 9 de noviembre, quedó registrado en cámaras cómo sicarios llegaron a bordo de una camioneta, ubicaron a Fernando González Núñez, "La Flaca", líder del CJNG, y comenzaron el ataque que afectó a otros que, según familiares y allegados, nada tenían que ver con el mundo criminal, como lo son Fátima Ramos o Berenice López, jóvenes que buscaron divertirse ese día.
"Fátima se sentía triste por lo que decidió invitar a su prima a pasar un rato con ella y divertirse", dijo a Grupo REFORMA Waltter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación.
De acuerdo con el vocero del , Waltter López, la mujer tenía 25 años y era conocida como una activista incansable por el derecho a la movilidad sostenible e, incluso, era la encargada de manejar las redes sociales de la asociación civil "Saca la Bici".
"Bere era muy diferente. Es una gran pérdida. Perdí a una buena amiga", dijo a este medio un colega de la otra víctima, quien prefirió el anonimato.
Grupo REFORMA se encargó de describir cómo los ataques en bares durante este 2024 han sido más frecuentes de lo que se parece, con un registro de al menos 35 casos en 16 entidades, lo cual dejó un saldo de al menos 98 asesinados.
Las masacres contra líderes criminales, militares, policías ministeriales o en contra de civiles se registraron también en Guanajuato, Tabasco, Morelos, Aguascalientes, Yucatán, CDMX, Guerrero, Michoacán, Baja California, Zacatecas, Jalisco, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León.
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