Cuatro retenes militares, incluido un campamento en un rancho cinegético, fueron señalados directamente por los ganaderos, rancheros y choferes de tráileres como los puntos donde más abusos y violaciones cometen los soldados contra los pobladores, en Nuevo Laredo.
La denuncia fue expuesta durante una reunión con la Alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, a quien los afectados solicitaron su intervención debido a la situación.
Pero ante la Fiscalía General de la República se han interpuesto 15 denuncias en contra de los militares por parte de transportistas, choferes de tráileres y ganaderos.
Los acusan de maltratos, abusos de autoridad y robos, además de violarles derechos constitucionales como el libre tránsito, retenciones y acciones sin el debido proceso legal.
Según los testimonios recabados, los retenes se ubican en puntos estratégicos de las carreteras y brechas de la región, lo que genera grandes inconvenientes a los habitantes y afectan las actividades económicas locales.
Los retenes denunciados como donde más abusan los soldados están ubicados en la carretera nacional a la altura del kilómetro 26, el segundo está en la entrada a las brechas Mex II, el tercero en la entrada de la brecha Los Cristales, el cuarto se sitúa a unos 10 kilómetros hacia dentro de ahí.
El viernes un grupo de reporteros acudieron a verificar la denuncia del retén del kilómetro 26 y los soldados se fueron intempestivamente, dejando evidencias en el lugar.
Según lugareños, el retén está sobre un terreno particular y los soldados prácticamente se han apropiado del sitio, lo que genera inquietud entre los propietarios de los ranchos, ya que temen les pase lo mismo.
El retén asentado en las brechas Mex II y Los Cristales es operado por personal militar asignado a Saltillo, Coahuila.
En el retén 10 kilómetros hacia dentro de la brecha Los Cristales fue instalado por los militares en un rancho cinegético, donde rompieron candados y cercas del dueño.
Los denunciantes citan que estos actos violan el Artículo 11 constitucional, que garantiza la libertad de tránsito dentro del país, y el Artículo 16, que protege contra intervenciones arbitrarias en la persona y la propiedad de los ciudadanos.
Los quejosos expusieron a la autoridad municipal que los retenes son realizados sin la debida autorización judicial y sin que exista una causa legal justificada.
Durante la reunión con la Alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, los ganaderos y otros afectados expresaron su frustración por la falta de una respuesta clara y efectiva de las autoridades federales ante estas situaciones.
La Alcaldesa se comprometió a elevar las denuncias a las instancias correspondientes, tanto estatales como federales, con el fin de garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos y se reviertan las acciones ilegales de los militares.
La situación ha generado un creciente malestar en la población afectada y ya empezaron a manifestarse públicamente.
Los afectados esperan que las autoridades tomen medidas rápidas y eficaces para poner fin a estos retenes, que consideran innecesarios y violatorios de sus derechos.
Integrantes de la Canacar, ANGADI, y transportistas también han denunciado los retenes, señalando que vulneran la integridad de los transportistas, choferes, ganaderos, turistas cinegéticos y rancheros.
Argumentaron que las revisiones ilegales se las aplican tanto al entrar o salir de la ciudad o de los ranchos, principalmente los cinegéticos, a los cazadores los revisan aun y con porte de arma de cacería.
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