El Gobierno Federal aceptó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no existió ningún diagnóstico previo para justificar la pertinencia de la reforma judicial, informaron juzgadores presentes en las audiencias del organismo internacional.
Juan Alfonso Patiño Chávez, director jurídico de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), dijo que la representación del Estado mexicano ante la CIDH fue deficiente y sólo respondió un cuestionamiento a dicha reforma.
"Sí contestó una pregunta ¿cuál fue esa pregunta?: '¿cuál es el diagnóstico que dio pauta a las premisas de la reforma judicial?' y la respuesta fue 'ninguno, no hay, lo único que hay son notas periodísticas que destacan cómo la gente tiene cierta opinión'", expuso Patiño, quien la semana pasada estuvo en las audiencias de la CIDH en Washington.
"Esto me parece a mí lamentable, porque destruye la premisa (de) que el Estado mexicano ha advertido ciertos hechos negativos en la función jurisdiccional, que no encuentran sustento jurídico. Pero, además, tampoco dio respuesta a una pregunta expresa ¿por qué reformar al sistema de impartición de justicia si no es la parte toral de la problemática? ¿qué hacemos con las fiscalías?.
"Se les preguntó ¿qué hacemos con los encargados de ejecutar las penas en el sistema penitenciario, que no están a la altura? y ninguna respuesta se obtuvo del Estado mexicano, lo que claramente ubico, en mi concepto, como persona que atestiguó estos hechos, como una simple manifestación de un tema que, como se ha dicho, es ideológico y no precisamente respetuoso de los derechos fundamentales".
Por su parte, el magistrado Juan José Olvera López expuso que la inexistencia de un diagnóstico del Ejecutivo y del Legislativo para justificar la reforma, sólo corrobora que la supuesta corrupción en el Poder Judicial de la Federación (PJF) es una leyenda urbana de la que en buena medida es responsable el ex Presidente Andrés López Obrador.
Recordó que el único estudio serio que existe al respecto es el de México Evalúa y algunos de los datos que arroja es que la mayor parte de la gente que tiene una opinión negativa del PJF nunca ha tenido contacto con la justicia federal.
"Se les pregunta (en el estudio) si son usuarios del servicio de justicia o han sido, y arriba del 80 por ciento de los casos es 'no, no he sido usuario', entonces ¿cómo asumes que hay corrupción? 'ah, pues porque todo mundo lo dice' ¿y quién es todo mundo? pues empezando por el de las conferencias matutinas, durante 6 años se generó la leyenda urbana de que la hay (corrupción) y cualquier persona que por fortuna no ha tenido que ir a un servicio de justicia penal ni como imputado, ni como víctima, ni como familiar, por fortuna, no han tenido que ir, están opinando sobre algo que no conocen", dijo Olvera.
"En promedio entre el 10 y el 20 por ciento sí ha sido usuario y cuando se le dice ¿y cómo ves a los jueces corruptos? ¿a ver cuál fue tu caso? 'no, pues en el Ministerio público me trataron mal' ¿y llegaste al juez? 'no, pues ya ni siquiera pude llegar, porque el Ministerio Público no lo lleva'".
Con base en ese estudio, Olvera expuso que el 95 por ciento de la ineficacia de los servicios de justicia está en los Ministerios Públicos, de los cuales los ciudadanos tienen una mala percepción.
"Entonces, creo que vale la pena dejar claro ésto, no hay diagnósticos porque precisamente el problema está en su cancha, no en la nuestra, en el PJF se rinde cuentas año con año", dijo.
Por lo anterior, volvió a cuestionar que la reforma judicial traiga consigo a juzgadores sin experiencia, porque no están preparados para su desempeño.
"Venir a juzgar a las personas que les está invitando es una invitación a una labor de alta responsabilidad, no es un día de campo venir a juzgar", agregó.
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