Una jueza federal desechó por improcedentes las primeras acciones colectivas promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que busca obligar a distribuidoras farmacéuticas a pagar una indemnización de 2 mil 316 millones de pesos.
Dinorah Hernández, Jueza Primera Especializada en Competencia Económica (Cofece), desechó este martes las acciones de la Cofece contra la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar), así como contra las empresas Casa Saba y Fármacos Nacionales.
La jueza no ha publicado sus razonamientos para desechar las acciones. Su decisión puede ser impugnada por la Cofece, órgano autónomo constitucional que está a punto de ser eliminado por el Congreso, ante un tribunal colegiado de apelación.
La Cofece ha tenido desde hace una década la facultad de promover acciones colectivas a nombre de quienes son afectados por conductas abusivas de las empresas.
En este caso, Cofece multó en 2021 a 21 personas físicas, cinco empresas y a Diprofar, por ponerse de acuerdo de 2006 a 2016 para manipular los precios de venta a las farmacias, limitar descuentos y volumen de ventas, y no distribuir medicamentos ciertos días del año.
Las multas ascendieron a 903 millones de pesos, lo máximo que permite la ley, pero Cofece estimó el daño a los consumidores en más de dos mil 300 millones de pesos, monto que pretende recuperar con la acción colectiva, para luego entregarlo al IMSS-Bienestar.
Este tipo de litigios, previstos en México desde 2011 y similares a las class actions estadounidenses, han sido un rotundo fracaso, por los obstáculos procesales y prácticos para lograr sentencias definitivas.
Un problema de las acciones desechadas podría ser el tiempo que ha transcurrido, pues el acuerdo ilegal de las distribuidoras operó hasta diciembre de 2016, pero el plazo para promover la demanda era de tres años y seis meses. La petición de canalizar los recursos al IMSS-Bienestar también era inusual en un caso de este tipo.
Aún si la Cofece desaparece, el órgano descentralizado que será creado para reemplazarla-mismo que será parte del Poder Ejecutivo-podría seguir con este litigio, pues heredará los expedientes abiertos y probablemente parte del personal.
Cabe recordar que, en 2016, el IMSS presentó demandas civiles por prácticas monopólicas contra seis empresas que se coludieron en sus ventas al Gobierno, reclamando 700 millones de pesos de indemnización, pero esos casos no eran acciones colectivas.
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